Congresistas y organizaciones de derechos humanos denuncian ante la Fiscalía a la Fuerza Pública

 

  • Por la presunta comisión de los delitos de: homicidio agravado, lesiones personales; abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, tortura; concierto para delinquir; pánico y calumnia, y por el actuar generalizado de la Fuerza Pública en el marco de las movilizaciones con ocasión del paro nacional.

Bogotá D.C., 26 de noviembre 2019-. Los senadores Iván Cepeda (Polo Democrático) y Gustavo Bolívar (Decentes), junto con las organizaciones de derechos humanos Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (DH Colombia), radicaron ante la Fiscalía General de la Nación, una denuncia contra la Policía Nacional para que se investiguen posibles excesos en el uso de la fuerza contra los ciudadanos que, en el ejercicio de su derecho fundamental a la protesta pacífica, fueron víctimas de agresiones.

La acción penal señala que los máximos responsables del abuso policial y quienes deben ser investigados son: Oscar Atehortua Duque, director general Policía Nacional; Hoover Alfredo Penilla Romero, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG); Jorge Luís Vargas Valencia, director de Seguridad Ciudadana y responsable del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

Solicitan que se les investigue por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado, lesiones personales; abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, tortura, concierto para delinquir; pánico y calumnia por el actuar generalizado de la Fuerza Pública en el marco de las movilizaciones con ocasión del paro nacional.

Se presentaron más de 15 casos que constan el actuar de la Policía Metropolitana de Bogotá –MEBOG- y el Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD- en los que no atendieron a los criterios establecidos internacionalmente, y que vulneran el mandato constitucional de proteger el derecho de reunión y asociación, libertad de expresión y a participar en la dirección de asuntos públicos.

Algunos de los casos que solicitan al ente investigador establecer la responsabilidad de la Fuerza Pública son: la muerte del joven de 18 años, Dilan Cruz; las lesiones contra Diana Rocío Pinzón Corredor, comunicadora gráfica agredida en las inmediaciones de la Universidad de Los Andes; la muerte del ciudadano Faustino Vargas Sanabria, en el Barrio Verbenal de la ciudad de Bogotá; el uso arbitrario del traslado por protección para desarticular la movilización y los supuestos ingresos de “vándalos” a conjuntos residenciales en la noche del 22 de noviembre que generó una ola de pánico y temor entre los ciudadanos.

En tal sentido se anexaron más de 30 vídeos y fotografías de denuncias ciudadanas en los que se evidencia la presunta responsabilidad de la Fuerza Pública en los delitos que se solicitan investigar, algunos de ellos por anuencia y complicidad.

La denuncia señala que se registraron 831 casos de retenciones a ciudadanos y ciudadanas y por lo menos 25 casos de personas heridas entre el 21 y 23 de noviembre, de acuerdo con los registros de la “Campaña Defender la Libertad: Un asunto de todxs”.

E igualmente el documento radicado ante la Fiscalía advierte que puede existir un importante subregistro en la violación de derechos humanos, debido a que los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias señalaron que sólo el 21 de noviembre se registraron 123 personas lesionadas a nivel nacional.

Además de la acción penal, los congresistas enviaron una comunicación sobre lo que está sucediendo en el país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a sus relatores, para que hagan un llamado al Estado colombiano con el fin de que se dote de plenas garantías las expresiones ciudadanas en Colombia y cese la intervención del ESMAD en el desarrollo del Paro Nacional.

Finalmente señalaron que citarán a debate de control político al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y a la cúpula de la Policía Nacional.

“El país vive un momento histórico de decadencia económico, social y de seguridad por lo que es imperativo salir a las calles”: Gustavo Bolívar

En la mañana de este miércoles las centrales obreras; Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General de Trabajo (CGT) y la bancada alternativa invitaron a movilizarse en el Paro Nacional del próximo jueves 21 de noviembre.

De acuerdo al senador de Decentes, Gustavo Bolívar, “el país vive un momento histórico de decadencia económico, social y de seguridad por lo que es imperativo salir a las calles”, y señaló que “es momento que en Colombia se termine la cultura conformista y exijamos nuestros derechos”.

Por su parte el presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, recibió con agradecimiento el “apoyo y respaldo de la Banca Alternativo y los demás movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que se han sumado al paro nacional contra el paquete reformista del gobierno Duque, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”.

Para el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, el gobierno no sólo se ha centrado en destruir el Acuerdo de Paz, sino que además “ha desenterrados prácticas tan aterradoras como los falsos positivos” por lo que es necesario movilizarse contra el gobierno el próximo 21 de noviembre.

Con el panorama actual que vive el país que está sumergido en una crisis humanitaria, económica, política y social; a la cual el gobierno no ha sabido responder, el Ejecutivo enfrenta un escenario de desconexión con la ciudadanía y los problemas que se viven a diario en Colombia.

Proyecto de ley que exime de cuatro por mil el retiro y traslado de cesantías se incluiría en la Ley de Financiamiento

Este marte fue aprobado, por unanimidad, en Comisión Tercera de Cámara de Representantes el proyecto de ley que exime de cuatro por mil el retiro y traslado de las cesantías, de autoría del senador de Decentes Gustavo Bolívar.

Durante la discusión del articulado, los representantes resaltaron que el proyecto tiene grandes e importantes beneficios para los trabajadores, razón por la cual los legisladores han decidido aprobar el proyecto con mensaje para que el gobierno nacional lo incorpore en la Ley de Financiamiento, con el fin de que entre en vigor a partir del próximo año.

Para Bolívar “es muy importante el mensaje que le dieron los representantes de incluir el proyecto en la Ley de Financiamiento, porque así los trabajadores se verán beneficiados antes de lo esperado”, pues se espera que la iniciativa legislativa del Gobierno entre en vigor a partir de enero de 2020.

Aunque al proyecto todavía le quedarían tres debates para poder convertirse en ley de la República, si el gobierno decide acoger la sugerencia de la Comisión de incorporarlo en el articulado de la Ley de Financiamiento es probable que sea aprobado antes de que se acabe el año.

ONIC pide la renuncia de los ministros de Defensa e Interior tras masacre de indígenas

A las 5:00 de la tarde se llevará a cabo una velatón en la Plaza de Bolívar con el fin de conmemorar los asesinatos de los líderes indígenas de Tacueyó.

Este miércoles en la mañana, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) hizo una rueda de prensa en la que rechazó la masacre de los indígenas de Tacueyó.

La organización alertó sobre la crisis humanitaria que se vive en el norte del Cauca y la falta de autoridad del Gobierno del presidente Iván Duque.

Asimismo, hicieron un llamado a la movilización y exigieron al Gobierno Nacional que tome medidas urgentes para dar con el paradero de los responsables y que este tipo de hechos no vuelva a suceder en el municipio de Toribío, Cauca.

La ONIC en la rueda de prensa también propuso una demanda en conjunto con la Unión Pariótica (UP) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por este genocidio.

Asimismo, el senador Gustavo Bolívar y Aída Avella hicieron un llamado a todas las personas para participar de la velatón que se llevará a cabo a las 5:00 de la tarde en la Plaza de Bolívar con el fin de conmemorar los asesinatos de los líderes indígenas de Tacueyó.

Según la información que tienen las autoridades hasta ahora, hombres desconocidos que se movilizaban en un vehículo emboscaron la camioneta en la que se movilizaban los indígenas y, además, dispararon a sangre fría.

La representante a la Cámara, María José Pizarro culpó al Gobierno de Iván Duque y a los ministros de Defensa e Interior y denunció que ninguno de ellos hizo absolutamente nada para prevenir la masacre contra los indígenas de Tacueyó.

Pizarro hizo un llamado a los sectores sociales y políticos para exigir “inmediatamente la renuncia del ministro Botero y de la ministra del Interior porque no pueden seguir actuando como lo están haciendo (…) Pedimos a los colombianos salir a las calles el próximo 21 de noviembre”.

Esta noche se llevará a cabo una velatón en la Plaza de Bolívar con el fin de conmemorar los asesinatos de los indígenas de Tacueyó.

La comunidad internacional y las misiones de Verificación de la ONU y de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP – OEA) se reunirán para presionar el cumplimiento de los acuerdos en Colombia.

«Invitamos a todos los sectores políticos y sociales del país a hacer un pacto por la protección del medio ambiente»: Gustavo Bolívar

Por Cuarto de Hora

En la sesión plenaria del Senado, el senador Gustavo Bolívar concluyó su debate de control político invitando a todos los sectores políticos a hacer un pacto por la defensa del medio ambiente.

En la tarde de este martes se llevó a cabo el debate de control político ‘Fiebre por la tierra’, liderado por los senadores Gustavo Bolívar (Decentes) y Wilson Arias (Polo Democrático).

«En Colombia un millón de hogares campesinos tienen menos tierra que una vaca» afirmó el senador Bolívar y agregó que «al menos siete millones de hectáreas de bosque han sido deforestadas en Colombia desde 1990 a 2018».

Durante el debate, el parlamentario de Decentes también señaló que el tráfico ilegal de madera genera más de 750 millones de dólares, es decir, más de la tercera parte de lo que mueve el narcotráfico en el país.

La construcción de vías, la minería legal e ilegal, la ganadería, cultivos ilícitos, monocultivos y tala ilegal son las principales causas de deforestación en el país.

Ahora bien, algunos de los consorcios que trabajan la construcción de vías en la región de la Amazonia y la explotación minera en Putuyamo son socios históricos la multinacional brasileña ‘Odebretch’.

Dicha empresa ha sido la protagonista de diferentes escándalos de corrupción a lo largo y ancho de América Latina.

Bolívar también señaló que el acaparamiento y la acumulación de tierras en el país logra llegar al 81 %, el cual pertenece sólo al 1% de la población.

Asimismo, indicó que al menos el 63% de la explotación minera en el país es ilegal y esta mueve más de siete billones de pesos al año.

Mientras que entre 2016 y 2017 la deforestación incrementó en un 30% debido a los cultivos ilícitos de coca.

El senador concluyó diciendo que existen más de 81 fuentes hídricas afectadas por la deforestación.

E indicó que «el gobierno debe llegar a proteger el medio ambiente con acciones que vayan más allá del uso de la fuerza y la militarización de los bosques, razón por la cual invitó a todos los sectores políticos y sociales del país a hacer un pacto por la protección del medio ambiente».

También anunció que en los próximos días presentará » un proyecto de ley que implemente la obligatoriedad de una cátedra de medio ambiente cambio climático en todas las instituciones educativas del país» y agregó que radicará una «acción de cumplimento ante el Consejo de Estado para que el gobierno detenga la deforestación en el país y rinda cuentas frente a las acciones que ha tomado para mitigar esta problemática».

“¿De qué le ha servido a La Guajira exportar carbón si no tiene agua?”: debate sobre ambiente

Por El Heraldo

La pregunta que le hicieron al Gobierno los citantes del debate sobre ambiente, deforestación y tierras. Minambiente afirmó que se evitó la pérdida de 6 mil hectáreas de bosque en la Amazonía.

En medio de un debate de control político citado en la plenaria del Senado sobre medio ambiente, deforestación y tierras, la oposición criticó al Gobierno y a empresas por sus políticas para explotar los recursos naturales

«Colombia que debería tener vocación agrícola, y en vez de estar sembrando hoja de coca, deberían sembrar productos de pancoger, pero no, estamos importando 14 millones de toneladas de alimentos. De 42,3 millones de hectáreas para uso agrícola en Colombia, 80% se usan para la ganadería y solo el 20% a producción de alimentos», advirtió uno de los citantes, el senador Gustavo Bolívar, de los Decentes.

El parlamentario se preguntó al respecto: «¿De qué le ha servicio a La Guajira exportar 32 toneladas de carbón al año, dónde está el agua de La Guajira, las carreteras, la nutrición de los niños, si les desviaron el único río que tienen?».

A su turno, el senador del Polo, Wilson Arias, dijo que detrás de la grave deforestación que afecta la Amazonía mundial y la región de la Orinoquía colombiana está también «el acaparamiento de tierras estimulado por la especulación y el blanqueamiento de tierras irregularmente acumuladas en la Altillanura, fenómeno que está en expansión hacia la puerta de la Amazonía».

Agregó en este sentido el legislador que «en Colombia se consolida una manguala entre mafiosos, esmeralderos, políticos de todas las pelambres, tecnócratas, empresarios y banqueros para robarse las tierras baldías y, luego del desplazamiento y despojo de comunidades campesinas e indígenas, montar empresas de papel que además de servir para llenarse los bolsillos, son beneficiadas por leyes y políticas públicas diseñadas para su legalización».

Señaló que diversas políticas de Estado como el Conpes de la Altillanura, el Plan Maestro de la Orioquía y la Ley Zidres «permiten sanear la acumulación de baldíos en la región. Vienen afinando la institucionalidad y adecuando las leyes para legalizar y blanquear tierras y capturar los recursos del Estado, incluso a través de empresas estatales como Ecopetrol».

Por su parte, el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, aseguró que el tema de la deforestación «es una prioridad para este Gobierno, y a través del Ideam hemos hecho un sistema de monitoreo de pérdida de bosques y suelos, porque este es un ministerio de prevención. Logramos que se evitara la pérdida de 6 mil hectáreas en la región de la Amazonia con esta estrategia de alertas tempranas».

Añadió el titular de la cartera medioambiental que la prioridad del gobierno del presidente Iván Duque «ha sido frenar la deforestación. En menos de un año demostramos que sí podíamos mostrar resultados de manera inmediata, logrando una reducción del 10% en el 2018, respecto a 2017».

Entre tanto, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, reportó que en la Operación Artemisa «se han ejecutado 89 operaciones contra la deforestación e incautado 16.704 metros cúbicos de madera ilegal. Y la fuerza pública ha incautado, además, 345 mil galones de insumos líquidos y 286 mil kilos de insumos sólidos. De la misma forma se reporta la captura de 213 personas por delitos ambientales».

Colombia abre el debate sobre el consumo recreativo de marihuana

Por elpais.com

Un proyecto de ley presentado en el Senado propone regular la producción, la venta y el uso para combatir el microtráfico en un país azotado por el narco

¿Es viable en Colombia la regulación del consumo y venta de drogas? Este martes el Congreso del país dio un primer paso que abre la puerta, de momento, a un modelo de producción de marihuana con fines recreativos. Y, aunque esa meta queda aún en el horizonte, la iniciativa busca abrir un debate de fondo en una sociedad azotada por el narcotráfico. Un grupo de senadores de distinto signo político radicó un proyecto de ley que persigue establecer un marco para el «control del cannabis de uso adulto». El objetivo, se lee en la propuesta, es «proteger a la población de los riesgos sociales, de seguridad y de salud pública asociados al vínculo con el comercio ilegal de sustancias psicoactivas».

La norma contempla modalidades como el «autocultivo» sin ánimo de lucro, permitido sin licencia en propiedad privada con menos de 20 plantas. O la apertura de «dispensarios», lugares que, con todas las salvedades, remiten a la idea del coffee shop holandés. «Por medio de una licencia otorgada por el Estado, habrá establecimientos autorizados para sembrar, cultivar, cosechar, almacenar y transformar y comercializar cannabis para uso adulto», señala el articulado de la ley. Esos establecimientos podrán ser públicos o privados. En el primer caso, tendrían la «obligación de ofrecer precios accesibles para consumidores de distintos niveles socioeconómicos, con el fin de desincentivar la recurrencia al mercado ilegal». Previa autorización, algunos espacios podrían también operar como «asociaciones cannábicas».

El Estado, que podría encargarse directamente de la venta online a través de páginas webs, debería fijar un impuesto. El 50% de los ingresos «tendrán una destinación específica a prevención del consumo de sustancias psicoactivas; el 25% para la sustitución de cultivos y el desarrollo sostenible. El 25% restante se destinará al funcionamiento del Instituto de Regulación de Sustancias Psicoactivas y a otros gastos derivados de la implementación de la presente ley».

La reflexión que subyace al proyecto tiene que ver con la historia reciente de Colombia, explica a EL PAÍS el promotor de la iniciativa, el senador Gustavo Bolívar de la lista Decentes, la coalición del líder opositor Gustavo Petro. «Nosotros consideramos que todos los conflictos hoy se mantienen por las drogas. Las causas de los conflictos son distintas, pero hoy lo que alimenta la guerra desde hace tres décadas es el tráfico de drogas. La droga atraviesa todo el conflicto», argumenta. Hay sectores que incluso aspiran a plantear un debate sobre la regulación de la cocaína. El país, que ya cuenta con una creciente industria de cannabis medicinal, es el mayor productor de hoja de coca del mundo, con 169.000 hectáreas cultivadas en 2018, y esa economía ilegal da sustento a las bandas organizadas y guerrillas residuales que se disputan el control de varias zonas rurales. Aun así, este congresista optó finalmente por tantear primero la respuesta política y social ante la marihuana.

«Es un paso muy pequeño que, depende de sus resultados, nos podría poner en una plataforma para empezar a regular las demás drogas. De hecho, hay países que sí lo van a hacer antes que Colombia», continúa Bolívar, que se muestra optimista a pesar de la «dependencia económica de Estados Unidos en la guerra contra las drogas». «No tenemos una autonomía como la pudo tener en su momento Uruguay», afirma. Sin embargo, asegura que quiere dar esta batalla. «No hay reportes de muertes violentas o muertes por sobredosis de marihuana. Podemos estar sufriendo más muertos en el microtráfico y en la violencia», defiende. «Le estamos diciendo al mundo que el prohibicionismo fracasó, permítanos ensayar otro modelo».

Junto a él, suscribieron el proyecto de ley representantes de la Alianza Verde, del Partido Liberal, de la U, Cambio Radical y de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, la formación heredera de las FARC. Las principales bancadas de la derecha, especialmente el Centro Democrático y el Partido Conservador, se opondrán y con toda probabilidad cerrarán el paso a la iniciativa, al menos en la plenaria del Senado. El propio presidente, Iván Duque, ha manifestado siempre un rechazo sin matices frente al consumo y hace un año el Gobierno impulsó un decreto que autoriza el decomiso de la dosis personal. Meses después, la Corte Constitucional cuestionó esa medida.

Sus impulsores son conscientes de esas dificultades. No obstante, no renuncian a poner sobre la mesa un problema que también trató de visibilizar el expresidente Juan Manuel Santos.  En su última alocución ante la asamblea general de Naciones Unidas, reconoció que la estrategia mundial de lucha contra las drogas había fracasado y que había llegado el momento de plantear un cambio de enfoque. Y ese giro, en su opinión, pasa por reconocer que «mientras haya consumo habrá oferta, y que el consumo no se va a acabar». «Es hora de hablar de regulación responsable por parte de los Estados; de buscar caminos para quitarles oxígeno a las mafias, y de afrontar el consumo con más recursos para la prevención», dijo.

El ABC de proyecto para regular consumo recreativo de marihuana

por RCN Radio

La iniciativa tiene el respaldo del expresidente Juan Manuel Santos.

En la Secretaría General del Senado fue radicado un proyecto de ley que pretende legalizar y reglamentar en Colombia el consumo, la producción, distribución, comercialización y expendio de la marihuana con fines recreativos para personas adultas.

La iniciativa fue presentada por el senador Gustavo Bolívar y tiene el respaldo del bloque parlamentario que se creó para transformar la política de drogas.

Bolívar explicó que el proyecto tiene tres objetivos: “Primero, buscamos quitarle el negocio a los narcotraficantes de las manos. Segundo, proteger la vida y la salud de los consumidores y tercero, generar unos ingresos para el país, buena parte de ellos irán para la lucha, la prevención y la educación del consumo”.

El senador de ‘la U’ Armando Benedetti, que también apoya la iniciativa, explicó que se debe cambiar la política prohibicionista que ha demostrado ser un fracaso no solo en Colombia, sino en el mundo entero.

“La prohibición no hace que un Gobierno logre impedir el consumo de droga ilícitas y mucho menos esos hábitos. La prohibición lo único que trae son mafiosos, drogadictos y alcohólicos, la prohibición no sirve para absolutamente nada”, indicó.

El senador de la Alianza Verde Iván Marulanda, otro de los que respalda el proyecto, indicó el propósito es acabar con los negocios ilegales que existen en torno a estas sustancias.

“Colombia, con la política prohibicionista, lo que ha hecho es entregarle la economía a las organizaciones criminales. En la medida en que logremos ir regulando todo este comercio de sustancias psicoactivas, vamos a arrebatarle el negocio a los bandidos, a los criminales, a las mafias, para que la vida de la ciudadanía no esté regulada por el crimen”, manifestó.

El proyecto consta de varios puntos:

  • Plantea la creación del Instituto Colombiano para la Regulación de Cannabis (Icoreca), que sería el encargado de la implementación de la política de importación, exportación, producción, almacenamiento, comercialización y uso del cannabis recreativo para adultos, lo cual reduciría los riesgos para la salud pública.
  • También propone un impuesto con el cual se busca obtener recursos para el diseño e implementación de estrategias y campañas de prevención del consumo de droga.
  • Asimismo se plantea que el 35% de las licencias que el Estado otorgue para la producción de este producto, tendrían prioridad para los pequeños productores que se hayan visto afectados por los cultivos ilícitos y la llamada guerra contra las drogas.
  • Con estas medidas se propone espera reducir la incidencia del narcotráfico y sus rentas ilícitas, por medio de la eliminación del cannabis del mercado negro.

La iniciativa cuenta con el pleno respaldo del expresidente Juan Manuel Santos y otros congresistas como Roy Barreras (Partido de la U), Antonio Sanguino (Alianza Verde), Carlos Antonio Lozada (Farc), Temístocles Ortega y Richard Aguilar (Cambio Radical), Luis Fernando Velasco (Liberal), entre otros.

¿Cómo es el proyecto para regular la marihuana con fines recreativos?

Por eltiempo.com

Al Congreso de la República llegó un proyecto de ley que promete unos intensos debates. Se trata de la iniciativa que busca regular el consumo de la marihuana con fines recreativos, de autoría del senador Gustavo Bolívar.

De acuerdo con el congresista, este proyecto, que cuenta con el apoyo de varios partidos, ofrece más garantías para los consumidores, podría tener beneficios económicos para el país, por impuestos, e incluso podría aportar en la disminución de cultivos de coca.

En diálogo con EL TIEMPO, Bolívar explicó la importancia del proyecto y cuáles son sus alcances.

(Le sugerimos leer: Proponen regular el consumo de marihuana con fines recreativos)

¿Por qué Colombia necesita regular el consumo de marihuana con fines recreativos?

Es una propuesta del cambio de modelo debido al fracaso del prohibicionismo en Colombia y en el mundo. Después de 140.000 millones de dólares invertidos en esta guerra y después de 31.000 muertos que ha dejado la guerra contra el narcotráfico, nada ha cambiado. Simplemente todo se ha empeorado.

El consumo ha subido, ha subido producción, ha subido la venta, ha subido todo, a pesar de toda esa inversión. Esta es la evidencia que demuestra el fracaso del prohibicionismo.

Estamos proponiendo que ensayemos con la regulación, que es algo que se está ensayando en otros países y que a la vista está dando mejores resultado. ¿Cuáles son? Se han reducido los índices de la violencia y se ha mejorado la salud de los consumidores.

Primero, en el sistema prohibicionista el consumidor tiene que ir a las ‘ollas’ a comprar su dosis y eso implica un riesgo para su seguridad y para su vida. Lo segundo, que también está probado, en las ‘ollas’ les mezclan algunos adictivos químicos, a veces bazuco, para generarles mayor adicción, mientras que en un sistema regulado lo compra en un dispensario oficial, el Gobierno entregaría una licencia, y esos dispensarios venderían la marihuana de calidad genuina.

Va a ser un negocio multimillonario y nosotros nos estamos quedando por fuera

La economía del país se puede ver beneficiada porque estaríamos pasando de una economía ilícita a una lícita…

El consumidor pagaría unos impuestos, y ese impuesto está contemplado en la ley para que se devuelva en campañas de educación y prevención en los colegios.

En Colorado, Estados Unidos, que es un estado con 5’500.00 habitantes, el año pasado recogió 1.080 millones de dólares y están estimando recoger 1.500 millones este año. El caso de California es similar y en el caso de Uruguay, que es pequeño, ya reportan ganancias de 25 millones de dólares.

Lo que se sabe es que este va a ser un negocio muy grande, y por eso ya se están metiendo las multinacionales a buscar licencias. Va a ser un negocio multimillonario y nosotros nos estamos quedando por fuera, y no solo nosotros como país, sino los campesinos y los indígenas.

Es algo que se está ensayando en otros países y que a la vista está dando mejores resultado

¿Cómo ve las fuerzas en el Congreso para este proyecto?

Al comienzo pensé que era una utopía. Simplemente le encargué a mi Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) que empezáramos una investigación y fuéramos a los territorios. La verdad, solamente quería abrir un debate para que el país empezara a pensar en algo en lo que va a tener que pensar después de otros 20.000 muertos, y es la dinámica mundial hoy.

Por el camino empezaron a sumarse senadores, y me sorprendió porque hay congresistas de siete partidos: ‘la U’, Liberal, Alianza Verde, el Polo Democrático, Cambio Radical, Unión Patriótica y Farc.

En Comisión Primera del Senado, por donde entra el proyecto, ahí podríamos tener la mayoría en este momento. Ahí puede pasar. Ya llegando a plenaria depende de dos cosas: que todo el Partido Liberal se una y que todo el partido de ‘la U’ también vote. Ayer (martes) con el anuncio del expresidente de Juan Manuel Santos, creeríamos que una buena parte de ‘la U’ nos puede apoyar.

Como tenemos de varios partidos, la idea es que al interior de las colectividades ellos promuevan el proyecto.

¿Este proyecto puede acabar con el narcotráfico?

Podría ser un inicio a la solución al problema del cultivo de hoja de coca. Si nosotros podemos hacer sustitución de cultivos de coca ilegal por marihuana legal los campesinos aceptarían porque sería un negocio más rentable que el de la coca, porque esta necesita procesos químicos para producirse en alucinógeno, mientras la mata de la marihuana no.

“Duque acabó la restitución de tierras”: Petro en debate sobre deforestación

Por Caracol Televisión

Gustavo Bolívar, por su parte, dijo que siete millones de hectáreas han sido taladas en Colombia durante los últimos 28 años.

El debate fue citado, precisamente, por Bolívar para denunciar la tenencia de tierras y la deforestación como consecuencia del narcotráfico y la minería ilegal.

El gobierno reconoció este flagelo. Entretanto, en medio de la discusión, Gustavo Petro acusó al presidente Iván Duque de ponerle freno a la restitución de tierras.

“Duque actuó en defensa de los despojadores de tierra en Colombia”, dijo el senador de la Colombia Humana.

Además, propuso un pacto político para garantizar que este proceso de devolver tierras a desplazados y víctimas de la violencia se desarrolle efectivamente.