Congresistas y organizaciones de derechos humanos denuncian ante la Fiscalía a la Fuerza Pública

 

  • Por la presunta comisión de los delitos de: homicidio agravado, lesiones personales; abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, tortura; concierto para delinquir; pánico y calumnia, y por el actuar generalizado de la Fuerza Pública en el marco de las movilizaciones con ocasión del paro nacional.

Bogotá D.C., 26 de noviembre 2019-. Los senadores Iván Cepeda (Polo Democrático) y Gustavo Bolívar (Decentes), junto con las organizaciones de derechos humanos Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (DH Colombia), radicaron ante la Fiscalía General de la Nación, una denuncia contra la Policía Nacional para que se investiguen posibles excesos en el uso de la fuerza contra los ciudadanos que, en el ejercicio de su derecho fundamental a la protesta pacífica, fueron víctimas de agresiones.

La acción penal señala que los máximos responsables del abuso policial y quienes deben ser investigados son: Oscar Atehortua Duque, director general Policía Nacional; Hoover Alfredo Penilla Romero, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG); Jorge Luís Vargas Valencia, director de Seguridad Ciudadana y responsable del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

Solicitan que se les investigue por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado, lesiones personales; abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, tortura, concierto para delinquir; pánico y calumnia por el actuar generalizado de la Fuerza Pública en el marco de las movilizaciones con ocasión del paro nacional.

Se presentaron más de 15 casos que constan el actuar de la Policía Metropolitana de Bogotá –MEBOG- y el Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD- en los que no atendieron a los criterios establecidos internacionalmente, y que vulneran el mandato constitucional de proteger el derecho de reunión y asociación, libertad de expresión y a participar en la dirección de asuntos públicos.

Algunos de los casos que solicitan al ente investigador establecer la responsabilidad de la Fuerza Pública son: la muerte del joven de 18 años, Dilan Cruz; las lesiones contra Diana Rocío Pinzón Corredor, comunicadora gráfica agredida en las inmediaciones de la Universidad de Los Andes; la muerte del ciudadano Faustino Vargas Sanabria, en el Barrio Verbenal de la ciudad de Bogotá; el uso arbitrario del traslado por protección para desarticular la movilización y los supuestos ingresos de “vándalos” a conjuntos residenciales en la noche del 22 de noviembre que generó una ola de pánico y temor entre los ciudadanos.

En tal sentido se anexaron más de 30 vídeos y fotografías de denuncias ciudadanas en los que se evidencia la presunta responsabilidad de la Fuerza Pública en los delitos que se solicitan investigar, algunos de ellos por anuencia y complicidad.

La denuncia señala que se registraron 831 casos de retenciones a ciudadanos y ciudadanas y por lo menos 25 casos de personas heridas entre el 21 y 23 de noviembre, de acuerdo con los registros de la “Campaña Defender la Libertad: Un asunto de todxs”.

E igualmente el documento radicado ante la Fiscalía advierte que puede existir un importante subregistro en la violación de derechos humanos, debido a que los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias señalaron que sólo el 21 de noviembre se registraron 123 personas lesionadas a nivel nacional.

Además de la acción penal, los congresistas enviaron una comunicación sobre lo que está sucediendo en el país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a sus relatores, para que hagan un llamado al Estado colombiano con el fin de que se dote de plenas garantías las expresiones ciudadanas en Colombia y cese la intervención del ESMAD en el desarrollo del Paro Nacional.

Finalmente señalaron que citarán a debate de control político al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y a la cúpula de la Policía Nacional.

“El país vive un momento histórico de decadencia económico, social y de seguridad por lo que es imperativo salir a las calles”: Gustavo Bolívar

En la mañana de este miércoles las centrales obreras; Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General de Trabajo (CGT) y la bancada alternativa invitaron a movilizarse en el Paro Nacional del próximo jueves 21 de noviembre.

De acuerdo al senador de Decentes, Gustavo Bolívar, “el país vive un momento histórico de decadencia económico, social y de seguridad por lo que es imperativo salir a las calles”, y señaló que “es momento que en Colombia se termine la cultura conformista y exijamos nuestros derechos”.

Por su parte el presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, recibió con agradecimiento el “apoyo y respaldo de la Banca Alternativo y los demás movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que se han sumado al paro nacional contra el paquete reformista del gobierno Duque, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”.

Para el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, el gobierno no sólo se ha centrado en destruir el Acuerdo de Paz, sino que además “ha desenterrados prácticas tan aterradoras como los falsos positivos” por lo que es necesario movilizarse contra el gobierno el próximo 21 de noviembre.

Con el panorama actual que vive el país que está sumergido en una crisis humanitaria, económica, política y social; a la cual el gobierno no ha sabido responder, el Ejecutivo enfrenta un escenario de desconexión con la ciudadanía y los problemas que se viven a diario en Colombia.

Proyecto de ley que exime de cuatro por mil el retiro y traslado de cesantías se incluiría en la Ley de Financiamiento

Este marte fue aprobado, por unanimidad, en Comisión Tercera de Cámara de Representantes el proyecto de ley que exime de cuatro por mil el retiro y traslado de las cesantías, de autoría del senador de Decentes Gustavo Bolívar.

Durante la discusión del articulado, los representantes resaltaron que el proyecto tiene grandes e importantes beneficios para los trabajadores, razón por la cual los legisladores han decidido aprobar el proyecto con mensaje para que el gobierno nacional lo incorpore en la Ley de Financiamiento, con el fin de que entre en vigor a partir del próximo año.

Para Bolívar “es muy importante el mensaje que le dieron los representantes de incluir el proyecto en la Ley de Financiamiento, porque así los trabajadores se verán beneficiados antes de lo esperado”, pues se espera que la iniciativa legislativa del Gobierno entre en vigor a partir de enero de 2020.

Aunque al proyecto todavía le quedarían tres debates para poder convertirse en ley de la República, si el gobierno decide acoger la sugerencia de la Comisión de incorporarlo en el articulado de la Ley de Financiamiento es probable que sea aprobado antes de que se acabe el año.